España: La reforma de la ley de aborto divide las aguas

Por Marcela Espíndola

La polémica en torno a la ley orgánica Nº 9/1985, más conocida como la ley de aborto española, surgió a raíz del descubrimiento de un conjunto de clínicas dedicada supuestamente a la práctica de abortos ilegales, especialmente de embarazos en avanzado estado de gestación. El caso, que está bajo investigación judicial, fue destapado por un reportaje de la televisión danesa y de una posterior querella presentada por E-cristias, organismo provida.

A raíz de esto, comenzó una persecución policial y judicial que comenzó con la suspensión de clínicas privadas por supuestas irregularidades, agresiones y amenazas de muerte a sanitaristas, y la prisión preventiva para el director de dichos centros, Carlos Morín, su esposa y miembros de su equipo médico (ya liberados), acusados de los presuntos delitos de realizar abortos ilegales, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental.

Desde 1998, ya son 30 las personas que fueron condenadas en España por el delito de aborto.

Las actuaciones judiciales despertaron fuertes críticas del movimiento feminista y de sectores políticos que apuestan por el derecho al aborto libre y gratuito. Al mismo tiempo, las clínicas privadas que realizan estás prácticas reaccionaron manifestándose durante una semana de huelga en distintas ciudades del país, y denunciaron una 'auténtica persecución política'.

Cómo funciona la ley

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad y Consumo, los servicios sanitarios privados se encargan de la casi totalidad de las interrupciones del embarazo (99.044), y al mismo tiempo, el porcentaje de abortos practicados en centros públicos sigue en disminución llegando en 2006 al 2,5 por ciento. Esta situación se da porque en el momento en que la mujer pide la interrupción del embarazo, las y los médicos plantean una supuesta objeción de conciencia.

La misma fuente sostiene que 1 de cada 100 mujeres de entre 15 y 44 años abortó durante el 2006. Las cifras muestran por primera vez desde 1985 que el número de interrupciones del embarazo ha superado las 100.000 (101.592). Esto significa un aumento del 11 por ciento en el número de intervenciones (9.928 abortos) frente al año anterior, la proporción más alta desde 1997.

El aborto está despenalizado en España en tres casos: violación -hasta las 12 semanas-, malformación fetal -hasta las 22 semanas- y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre -sin plazo máximo-. Si bien los casos en los que se despenaliza la práctica son muy parecidos a los de Argentina, España cuenta con una ley de despenalización hace 23 años, mientras que nuestro país todavía está contemplado en el Código Penal. (Ver en Artemisa Noticias “La Ley hace la diferencia“ (http://www.artemisanoticias.com.ar/site/coberturas_detalle.asp?Id=60&IdNota=5036)
 

A favor y en contra del aborto

Los defensores de la reforma de la ley del aborto, más de 50 entidades de mujeres, sindicatos y asociaciones de planificación familiar, exigen al Gobierno un compromiso claro y decidido para modificar la actual despenalización parcial del aborto, acabando con la inseguridad jurídica que ha generado. Y piden que 'la nueva normativa garantice y respete el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, asegurando que los abortos se realicen de forma normalizada en la red sanitaria pública'.

En tanto, hay sectores del feminismo que cree que la medida más acertada es modificar la ley actual y adoptar una ley de plazos que sustituya a los supuestos que actualmente permiten abortar. Es decir, una ley que permita a la mujer abortar dentro de un lapso determinado, habitualmente hasta 12 semanas, sin tener que alegar nada.

'Ni