“Las decisiones de las mujeres y adolescentes en Argentina sobre salud reproductiva están sujetas a restricciones discriminatorias y arbitrarias”
| 1.2.2008

Así lo remarca en su Informe Mundial 2008, Human Rights Watch. El informe, recientemente publicado, examina la situación de los derechos humanos en más de 75 países e identifica numerosas vulneraciones que requieren atención. En su capítulo de Argentina, la organización mostró su especial preocupación por los criterios discrecionales con los que se otorga la publicidad oficial, la falta de avances para legislar sobre el derecho de acceso a la información, y los obstáculos que deben sortear las mujeres para realizarse un aborto legal.

Argentina
 
Eventos de 2007

'Argentina ha adoptado medidas importantes con el propósito de juzgar a ex militares y policías acusados de haber cometido violaciones graves de los derechos humanos durante el “terrorismo de estado” que tuvo lugar en ese país. Desde que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” en 2005, dos ex policías y un sacerdote de Iglesia Católica Romana y siete oficiales militares han sido condenados. (…) 
 
(…) La seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos se ha convertido en una cuestión altamente inquietante desde la desaparición, ocurrida en septiembre de 2006, de una víctima de hechos de tortura que había declarado como testigo en uno de los casos concluidos ese año. Jorge Julio López, de 77 años, desapareció de su vivienda en La Plata el día anterior a la fecha en que debía asistir a una de las últimas audiencias del juicio y su paradero se desconoce hasta el día de hoy.(…) 
 
Condiciones penitenciarias 
 
La superpoblación, los abusos cometidos por los guardias y la violencia entre los internos continúan representando problemas graves que afectan a las cárceles argentinas.(…)

(…) Si bien se han producido algunas leves mejoras en la provincia de Buenos Aires, la situación aún es grave. (…) No obstante, una de las causas de la superpoblación es la elevada proporción de presuntos delincuentes que se encuentran detenidos en las cárceles a la espera de un juicio, quienes conforman más del 70% de la población carcelaria. El gobierno ha construido nuevas cárceles, pero éstas no cumplen con los estándares internacionales. Si bien la cantidad de incidentes de este tipo siguió disminuyendo, aún existen casos de muerte de reclusos como resultado de hechos de violencia entre internos que podrían prevenirse.(…) 
 
Libertad de expresión e información 
 
Los presuntos ataques al honor de los funcionarios públicos continúan estando sujetos a la imposición de sanciones penales. No ha prosperado un proyecto de ley que pretendía despenalizar los delitos de calumnias e injurias, después de haber sido sometido a un debate que se extendió varios años. En septiembre de 2007, como resultado de una demanda presentada por el gobernador de Salta, un periodista fue condenado por injurias tras realizar denuncias durante su programa radial de supuesta corrupción gubernamental. 
 
Tampoco hubo avances por tercer año consecutivo con respecto a un proyecto de ley que otorgaba a los ciudadanos argentinos el derecho a tener acceso a la información en poder de organismos públicos. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en mayo de 2003, pero el Senado votó una versión mucho más atenuada. Finalmente, el proyecto fue eliminado en su totalidad de la agenda parlamentaria en noviembre de 2005. 
 
Algunos gobiernos provinciales distribuyen la publicidad oficial con criterios discriminatorios, y benefician a los medios locales que ofrecen una cobertura favorable en detrimento de aquellos con una línea editorial crítica. En 2003, el periódico Río Negro presentó un amparo ante la Corte Suprema en el cual alegaba que el gobierno provincial de Neuquén había reducido drásticamente su publicidad en represalia después de que este periódico informó sobre un escándalo de sobornos que comprometía indirectamente el gobernador. En septiembre de 2007, la Corte Suprema falló en contra del gobierno provincial y determinó que éste no había justificado porqué había limitado abruptamente la publicidad oficial en el periódico. Según la Corte, si bien no existe un derecho a recibir publicidad oficial, cuando un gobierno decide concederla no puede aplicar un criterio discriminatorio al otorgarla o cancelarla. 
 
Acceso a abortos legales