Marcha campesina en Bs As. (2007)

Ni invisibles ni de piedra
Por Marcela Espíndola | 15.4.2008

A un mes del inicio del paro agropecuario más importante de los últimos años, y a días de terminarse la” tregua” acordada entre las entidades del campo y el gobierno, las y los campesinos o pequeños agricultores familiares están al margen de las reuniones y las promesas. ¿Qué piden?¿Quién l@s escucha?. TRAMA, integrada por instituciones que acompañan sus organizaciones, propone analizar el actual modelo productivo y político de desarrollo rural desde una perspectiva de género.

A pesar de que en los discursos de un lado y de otro, sonaron y resonaron las expresiones “compensaremos a los pequeños productores del campo” o “nuestra lucha es para que no desaparezcan los pequeños productores” las y los campesinos permanecieron como convidados de piedra de la protesta, y por lo tanto, de los anuncios del Ejecutivo. Más aún: del diálogo (si lo entendemos como espacio de reconocimiento entre las partes).

Al inicio de la tregua el 31 de marzo, el gobierno nacional había anunciado un sistema de medidas para unos 61.000 productores que cosechan menos de 500 toneladas de soja (equivalente a 150 y 200 hectáreas), que representan el 20 por ciento de la producción. Pero los anuncios no alcanzan a las y los pequeños agricultores familiares porque su escala producción apenas alcanza para la subsistencia familiar.

En el ámbito del desarrollo rural, se entiende por pequeñas/os productoras/es campesinas/os o agricultoras/es familiares a aquellas/os cuyo capital fijo no excede los 15.000 pesos (incluyendo vivienda familiar y/o tierra) y poseen parcelas pequeñas o insuficientes para obtener una renta razonable (hasta 250 hectáreas) y, por lo general, obtienen rendimientos inferiores por la falta de recursos necesarios como el agua, fertilizantes, insecticidas, herramientas, maquinarias, etc. El trabajo en el cultivo es familiar, eventualmente emplean a jornaleros para la producción, y frecuentemente reciben como pago de las cosechas mercadería que la familia consume.*

Todo esto se ha visto agravado por los problemas de la tenencia de la tierra, que recrudecieron a partir del 2002 con la expansión de la frontera agrícola, y que en la  mayoría de los casos ha expulsado de sus campos a las y los agricultores familiares. Estas condiciones hacen que las y los pequeños productores campesinos no sólo se mantengan marginados del mercado y de sus tierras, sino también de la discusión campo-gobierno de estos días.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MOCASE-VC), organización que representa a familias despojadas de tierras ocupadas ancestralmente, tomó distancia del “paro del campo” impulsado por la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Rural Argentina (CRA), y CONINAGRO, al manifestar que ''estas cámaras empresarias rurales reproducen el modelo de saqueo y contaminación tanto de la tierra, los territorios, como así también de su mentirosa pretensión de representar las luchas más genuinas de los movimientos campesinos en Argentina''. El MOCASE y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) sostienen que “esta es una oportunidad para redefinir las estrategias de desarrollo en función de la agricultura campesina indígena, el pequeño agricultor que vive en su predio, el trabajador rural. Esa estrategia debe contar como actores fundamentales a las organizaciones campesinas y los pueblos originarios, destinar recursos a créditos y subsidios que mejoren la infraestructura comunitaria, productiva y de servicios sociales en el campo profundo, detener los desalojos de familias campesinas e indígenas, planificar la redistribución de la tierra y el repoblamiento del campo”, entre otras medidas.

La invisibilidad de las campesinas en las estadísticas

A las 13 millones de mujeres que se registran oficialmente en América Latina y el Caribe como parte de la población económicamente activa, deben sumarse 24 millones de productoras rurales invisibles cuyo trabajo no es reconocido por las estadísticas oficiales (según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO). La mayoría de ellas son registradas en los censos agropecuarios como amas de casa y su invisibilización ayuda a que sea uno de los sectores más empobrecidos del ámbito rural.

Según datos del último Censo Nacional Agropecuario del 2001 (en 2008 debía realizarse un nuevo censo, pero los problemas políticos que sufrió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC- demoraron el estudio) el 11 por ciento de la población es campesina. Pero hay obstáculos a la hora de reconocer el aporte de las mujeres productoras, al no haber detalle diferenciado por sexo en las encuestas, las políticas y programas no pueden focalizar sus acciones hacia este sector.

''La falta de cifras sociodemográficas y económicas desagregadas por sexo y por lugar de residencia son una muestra de la débil posición en que se encuentra este sector para discutir las políticas públicas'' resalta Silvia Borsellino, directora ejecutiva del Fondo de Mujeres del Sur. ''La injusticia socioeconómica incluye la explotación (que el fruto del propio trabajo sea apropiado para el beneficio de otra persona); la desigualdad económica (permanecer confinado a trabajos indeseables o mal pagados o ver negado, sin más, el acceso al trabajo asalariado); y la privación (negación de un nivel de vida material adecuado). Por eso, las políticas de compensación y de redistribución deben tener un contenido social, humano y estar basadas en los principios de los derechos de humanos y humanas''.

''Hoy recibimos los coletazos que se generaron hace mas de 10 años atrás. Es hora de discutir una política agropecuaria que incluya a todos y todas, de discutir políticas de redistribución, más allá de los planes asistencialistas. La situación del campo es muy preocupante y nada tiene que ver con la retenciones, porque donde viven campesinas/os e indígenas no hay acceso a la salud, a la educación, no hay medios de comunicación, los caminos están en mal estado, etc. ¿Cuándo vamos a pensar un país para todos y todas?'', exhorta la ingeniera agrónoma Fabiana Brizio, técnica de la Red Puna de Jujuy.
 
Hacia un modelo de desarrollo rural con perfil de género

TRAMA (Red Nacional de Técnicas e Instituciones que trabajan con mujeres campesinas e indígenas) se reunió del 10 al 12 de abril en Buenos Aires para analizar el actual modelo productivo y político de desarrollo rural y cómo incidir en el diseño de las políticas públicas para el sector con una perspectiva de género.

''Si tratamos de mirar lo pasó con el paro del campo, los pequeños/as productores/as, y las comunidades indígenas, fueron dos actores totalmente ausentes en el discurso de cualquiera de los dos lados. Creo que quienes salieron a las rutas no han hecho, obviamente, un análisis crítico del modelo sojero pero, paradójicamente, han incorporado a la protesta las consecuencias del mismo (desmontes indiscriminados, desaparición de los tambos, etc.) como problemas que cayeron de la estratósfera. Yo siento que las personas que estaban en la ruta tienen tierras, infraestructura de apoyo, la movilidad y las ganancias resueltas; mientras, las y los campesinos, no tienen ni siquiera para empezar a discutir una ayuda o precios sostén para ellos. Yo pregunto: ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar a esos sectores? ¿Por qué la gente y los medios los apoyan, mientras que los sectores más desprotegidos no han merecido que un funcionario nacional los atienda quince minutos, mucho menos que la presidenta les haya dedicado tanto tiempo en sus discursos?'' dice con preocupación Cristina Marinosci, técnica de TRAMA en Formosa.

''Dentro de esta sociedad rural, indígena y campesina, hay inequidades de género, etarias, culturales, étnicas, y si hablamos de un nuevo modelo de desarrollo rural o reforma agraria es necesario atravesarlo con esta mirada de género, para poder contemplar esa diversidad'' dijo Liliana Martínez, también técnica de TRAMA e integrante de la Red Puna.

Ante la falta de datos socio-demográficos sobre la situación de las mujeres rurales, TRAMA (ver links relacionados) se planteó el desafío de contribuir con datos al análisis de esta problemática y espera poder aportar su mirada a la nueva estructura de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, cuya creación fue anunciada recientemente por el ministro de Economía de la Nación, Martín Lousteau. Además, puso a disposición los documentos producidos a través de 12 años de trabajo, para que el INDEC incorpore a las encuestas del censo agropecuario preguntas tendientes a visibilizar y diferenciar el trabajo de cada productor/a y su aporte a las economías regionales.
 
Lo que vienen planteando las y los agricultores familiares es un nuevo modelo de desarrollo que debe incluir una Reforma Agraria Integral y políticas diferenciales para la Agricultura Familiar, además de incentivos para la producción de alimentos agroecológicos que permitan lograr la soberanía alimentaria de nuestro país. Este cambio de modelo tiende a que las familias se queden en el campo y puedan vivir dignamente de lo que producen. Mientras esperan ser convocad@s para dialogar, ¿quién recoge el guante? 

*Mujeres que trabajan la tierra. Un estudio sobre las Mujeres Rurales en la Argentina (Cristina Biaggi, Cecilia Canevari y Alberto Tasso) publicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) .

Links relacionados

Adelanto: Mujeres que trabajan la tierra

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