Fuera de mi país
Por Flavia Mameli | 2.6.2008

La Unión Europea endurece cada vez más sus políticas contra las y los inmigrantes indocumentados, y a corto plazo planea expulsar a millones de ellos de su territorio. Las polémicas medidas del primer ministro italiano, y la situación de las mujeres extranjeras, golpeadas por partida doble: por su condición de género y por ser migrantes.

Los 27 países que componen la Unión Europea (UE) emprendieron una lucha común para regularizar la situación de los 8 millones de inmigrantes indocumentad@s que habitan suelo comunitario, y que cada año se incrementa en un millón y medio. Para lograrlo, el Consejo de la UE propuso establecer un plazo máximo de detención de los extranjeros indocumentados de hasta 18 meses, y permitir que sea una autoridad administrativa, y no solo un/a juez/a, la que decida su detención en los Centros de Internación antes de su deportación definitiva.

Mientras el Parlamento Europeo discute si aprueba el polémico proyecto, decisión que deberá pronunciar durante el mes de junio, ONG repudian las medidas en discusión y consideran que la normativa dejaría a la Unión sin credibilidad moral para defender los derechos humanos fuera de su territorio. Una de las críticas más severas fue hecha por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, al repudiar el endurecimiento de las leyes "contra la inmigración ilegal y minorías indeseables" en Europa.

Con medidas más o menos extremas, y en medio de una fuerte crisis económica, cada país de la UE busca la repatriación de l@s que cada día llegan – mayoritariamente desde África y América Latina - en busca de un mejor destino, y de divisas para enviar a su familia residente en el país de origen.

Entre las potencias que presentan las posiciones más duras está Italia, donde el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para reintroducir el delito de inmigración ilegal, lo que aumentaría el período de arresto de l@s sin papeles de seis meses a cuatro años. Francia no se queda atrás: solo permite la entrada a su país de madres, padres e hij@s de inmigrantes documentad@s sólo si las y los visitantes se practican un examen de ADN. Además, el gobierno francés acaba de rechazar un plan de Sarkozy para controlar la frontera por medio de una “selección” de quiénes deben o no ingresar a ese país.

Pero no todos los países de la UE comparten las mismas políticas. Suiza dio una gran sorpresa al rechazar – por mayoría absoluta – una iniciativa de la derecha nacionalista, que pretendía que los extranjeros (casi un cuarto de la población suiza total) pudieran obtener su nacionalidad solo si los habitantes de la localidad en la que residían le daban el visto bueno.

En líneas generales, a medida que el plano jurídico compromete la situación de las y los inmigrantes, sus condiciones de vida se ven cada vez más amenazadas: hacinados en viviendas pobres en suburbios de grandes ciudades, pasan buena parte del día trasladándose de la casa al trabajo, y de un trabajo a otro. Aunque todo parece mejor que ser traladados hacia los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), paso previo a ser deportados.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los casi 200 CIE que existen en Europa no brindan información certera sobre la cantidad de personas que alojan, ni sobre la situación en que se encuentran. Sí se conocen los malos tratos físicos y psicológicos, la reclusión innecesaria, la falta de atención médica y la higiene deficiente. A nivel jurídico se discute que las y los internos sean tratados como presos, cuando la inmigración sin documentos no es un delito, sino una infracción administrativa.

Las más golpeadas

En busca del “sueño europeo”, y de divisas que puedan enviar a sus países de origen para mantener a sus familias, las mujeres sin papeles son blanco fácil de discriminación, salarios bajos y precariedad laboral.

Así lo demostró un estudio realizado en marzo pasado por la Unión General de Trabajadores de Madrid (UGT), al destacar la doble vulnerabilidad de las mujeres extranjeras, discriminadas por su condición de género, y por