El enemigo de las mujeres
Por Flavia Mameli | 14.10.2008

El régimen del nicaragüense Daniel Ortega iniciado en enero de 2007 representa una fuerte amenaza a los derechos de las mujeres: ratificó la abolición del aborto terapéutico y dictó su penalización, burla la paridad de género en la arena política y no cesa en su persecución a líderes feministas, que por estas horas buscan amparo político y apoyo internacional. Acusado de abusar física y psicológicamente de su hijastra, Ortega es denunciado por ONG de DDHH, y para muchos países su visita ya no es grata.

El actual gobierno de Daniel Ortega se inauguró en enero de 2007, y desde entonces se marcó un antes y un después en la historia de las mujeres nicaragüenses y en la de sus derechos como ciudadanas.

No era difícil prever el déficit en cuestiones de género que llegaría con el régimen de Ortega: como diputado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en noviembre del 2006 apoyó la Ley que prohíbe todo tipo de aborto incluido el que se realiza con fines terapéuticos, práctica que había sido permitida en Nicaragua durante los últimos 100 años. Apenas un año después, y ya como presidente, Ortega ratificó la prohibición del aborto y dictaminó la penalización a quienes lo practicasen.

Basta imaginar las consecuencias de la medida en un país donde, según estadísticas de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, cuatro de cada diez familias viven en situación de extrema pobreza, y donde al menos tres de ellas tienen a mujeres a la cabeza.

Pero la prohibición y penalización del aborto apenas fue el comienzo. En Nicaragua la paridad de género en cuanto a participación política solo está representada por la esposa de Ortega, Rosario Murillo, que ejerce una ''co-presidencia'' que nadie ha votado y, sobre todo, que en nada incorpora los derechos y reclamos de las mujeres.

Los casos de Rosita y Zoilamérica

El panorama de impunidad que se vive en Nicaragua parece estar delineado por dos hechos emblemáticos. El primero es el ''caso Rosita'', una nena de 9 años violada y embarazada por su padrastro en 2003, a la que se le practicó un aborto terapéutico, medida impulsada por la Red de Mujeres Contra la Violencia y otras organizaciones.

El segundo caso paradigmático es el de Zoilamérica Narváez, hijastra de Ortega, quien en 1998 acusó al actual presidente de abusar de ella sexual y psicológicamente desde sus 13 años de edad. En su testimonio, así relata Zoilamérica parte de los abusos cometidos contra ella: ''Daniel Ortega Saavedra me violó en el año de 1982. No recuerdo con exactitud el día, pero sí los hechos. Fue en mi cuarto, tirada en la alfombra por él mismo, donde no solamente me manoseó sino que con agresividad y bruscos movimientos me dañó, sentí mucho dolor y un frío intenso''. Y sigue: ''Él ensució mi cuerpo, lo utilizó a como quiso sin importarle lo que yo sintiera o pensara''.

Tras la denuncia, Ortega, que entonces era diputado, solicitó al Tribunal de Managua rechazar los cargos alegando el privilegio de inmunidad previsto por el artículo 139 de la Constitución nicaragüense. Además, el actual presidente negó las imputaciones y alegó la prescripción de los delitos, supuestamente cometidos entre 1978 y 1982.

Pero hoy, diez años después de las denuncias en su contra, son las mismas mujeres que pelearon a favor de Rosita y de Zoilamérica las que Ortega y los sectores de la derecha católica acusan y persiguen. La denominada Asociación Nacional Pro Derechos Humanos (ANPDH), interpuso en 2007 una denuncia en contra de nueve líderes destacadas del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAMN), a quienes señala como responsables de cometer ''supuestos hechos delictivos'' en relación con el ''caso Rosita''.

En respuesta a tales acusaciones, en enero de este año, activistas del MAMN denunciaron que se consideran perseguidas políticas del gobierno de Ortega, y que con ello se intenta la desarticulación de los movimientos sociales y se constituye una amenaza a la libertad de asociación.

Dos meses después, en el marco del día de la mujer, el MAMN declaró que el régimen de Ortega ''se caracteriza por la autocracia, la demagogia y la misoginia contra las mujeres''. Además, en un documento emitido por la organización, se hace especial énfasis en la inaccesibilidad de las mujeres a la justicia, cuando acuden como víctimas de la violencia de género. Según fuentes oficiales, entre 2003 y 2004, solamente en Managua, la Policía recibió mil 119 denuncias de violencia sexual, de las cuales 500 llegaron a la Fiscalía, y de éstas, 97 fueron a los tribunales, donde sólo se pronunciaron 40 sentencias de culpabilidad.

Buscando ayuda

Días atrás, Ana María Pizarro, médica argentina residente en Nicaragua y consejera consultiva de la Red de Mujeres Contra la Violencia, hizo un pedido de protección al gobierno argentino después de recibir amenazas telefónicas. Además, Pizarro ha sido citada para responder por ''perjuicio al Estado de Nicaragua'' y se la acusa, entre otros cargos, por los supuestos delitos de ''apología del aborto'' y ''asociación ilícita para delinquir'' por haber participado del caso Rosita.

Otro pedido de apoyo es el de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, (RSMLAC)*, por el que sus integrantes denuncian que ''los ataques promovidos por el gobierno nicaragüense encabezado por Daniel Ortega en contra de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en ese país no se limitan a un juicio en su contra sino que se expresan en persecuciones y amenazas directas contra sus vidas y la de sus familias''.

A partir de la persecución que sufren las nicaragüenses, diferentes organizaciones han pedido a los estados del continente que rechacen la entrada de Ortega a sus países. Así sucedió en noviembre de 2007, cuando Ortega fue repudiado por organizaciones de mujeres chilenas durante su participación en la Cumbre Social de los Pueblos celebrada en Santiago de Chile, o en agosto pasado en Paraguay, durante la jura del nuevo jefe de estado Fernando Lugo, cuando militant@s feministas y de derechos humanos resistieron la visita del presidente nicaragüense.

*Las adhesiones y muestras de apoyo a las mujeres perseguidas por Ortega pueden enviarse al correo electrónico de Adriana Gomez, miembra de RSMLAC: agomez@reddesalud.org