Roa, la abogada que llevó el aborto a la Corte.

El Estado garantiza
Por T.V. | 1.9.2006

El hecho pasó casi desapercibido en Argentina por haberse producido el mismo día en que los medios de comunicación difundían que a las dos jóvenes discapacitadas mentales y violadas en los últimos meses se les habían practicado finalmente los abortos que interrumpían sus mal habidos embarazos. Pero no por eso la noticia es menor: en Colombia se realizó el primer aborto posterior al fallo de la Corte Suprema que despenaliza la interrupción del embarazo en ciertos casos. El Estado garantizó el cumplimiento de la ley.

Todo paso de relevancia institucional genera en el seno de la sociedad cierta polémica producto de los intereses desencontrados de cada uno de los agentes que la componen.

La disputa que produjo la despenalización parcial del aborto en Colombia es un claro ejemplo de ello, y el primer caso en el que se realizó esta práctica no podía no estar a la altura de la discusión.

La protagonista de esta historia es una niña de 11 años que soportó durante cuatro años los abusos sexuales de su padrastro frente a la pasividad de su madre. Recientemente había sido violada por el hombre y quedado embarazada. Su abuela, harta de ver sufrir a la joven, decidió ponerle fin a la tragedia y practicarle un aborto.

Vale recordar que el 10 de mayo pasado, gracias a la acción de la jurista Mónica Roa del Movimiento de Mujeres, la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto cuando la vida de la madre corre peligro, cuando se presentan malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina, y cuando el embarazo es producto de una violación.

Todo corría por los canales legales y predecibles. Sin embargo ciertos grupos reticentes a aceptar la nueva reglamentación comenzaron a oponerse a esta práctica cuando la pequeña ya estaba internada y próxima a realizarse la intervención.

En un principio, los médicos del Hospital Simón Bolivar de Bogotá se negaban a practicarle el aborto a la niña porque como no estaba difundido el fallo completo de la Corte, creían que podían incurrir en un delito.

Luego, frente a las instalaciones de la clínica se agruparon grupos de estudiantes, mujeres y representantes de organizaciones católicas con pancartas y cánticos de protestas. Por su puesto, no faltó la palabra episcopal para sumarle más polémica al debate.

Pero, frente a la aparición de estos grupos surgió nuevamente la voz de la ciencia, el movimiento feminista y, sobre todo, la palabra de los representantes del Estado.

Uno de los primeros en realizar declaraciones fue el ginecólogo infanto-juvenil y de adolescencia Germán Salazar, que en diálogo con el diario El Tiempo, explicó que en la medida en que pasen más los días del embarazo, “aumenta el riesgo de complicación para la niña”. “Aunque cualquier aborto tiene riesgo, se considera que entre más temprano se realice este procedimiento, menos peligro corre la mujer”, advirtió.

Mónica Roa, la abogada que interpuso la demanda con la que la Corte Constitucional resolvió permitir esa práctica en casos excepcionales, opinó ante una consulta de Artemisa Noticias que el aborto debe practicarse "porque la decisión de la Corte ya está vigente y es obligatoria para todos, tanto (en hospitales) particulares como públicos”. La Iglesia puede usar las herramientas que tiene como iglesia como la amenaza de la ex comunión para sus feligreses, explicó. "Lo importante y el punto central de este proceso es que quienes se quieran apartar de la Iglesia o simplemente no pertenezcan a ella, tienen el derecho y la obligación de poder acceder o practicar un aborto legal y seguro. En otras palabras --agregó-- lo importante es que ahora la iglesia no puede iniciar procesos penales ni interferir en la implementación de la decisión de la Corte."

El fiscal general Mario Iguarán aseguró en La W Radio que “es procedente la aplicación ya” del aborto sin que se haya publicado el fallo de la Corte sobre el tema.

Así, el miércoles 23 (el mismo día que, casualmente, se le practicaba en Argentina el aborto a la joven mendocina discapacitada mental y violada; y en que se conocía publicamente que L.M.R, la joven también discapacitada mental y violada de Guernica, había sido también intervenida quirúrgicamente en una clínica privada con la colaboración del movimiento de mujeres), la Secretaría General de Salud y el hospital decidieron interrumpir el embarazo de ocho semanas de la menor. La intervención fue exitosa y la niña ya está f