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Mexicanas con derecho a decidir
Por Flavia Mameli | 9.9.2008
La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana avaló la constitucionalidad de las reformas al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal que despenalizan el aborto voluntario hasta las primeras 12 semanas de gestación. La medida, que ya había sido aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en abril de 2007, garantiza la gratuidad y las condiciones sanitarias para la interrupción de embarazos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) determinó el 28 de agosto pasado la constitucionalidad de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación en la ciudad de México.
La norma, que no sólo no penalizaba a mujeres por abortar, sino que además garantizaba asistencia gratuita y condiciones seguras para la interrupción de embarazos, ya había sido aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en abril de 2007.
Pero apenas dos meses después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN. Los fundamentos de esa petición anteponían los derechos del embrión por encima de los de las mujeres, y objetaban la falta de facultades de la ALDF para legislar sobre el tema. Este pedido proponía, además de invalidar la reforma capitalina, castigar con prisión de tres a seis meses a las mujeres que decidieran abortar.
Tras realizar seis audiencias públicas para atender a argumentos a favor y en contra de la Ley, y después de tres jornadas de debate, la Suprema Corte finalmente falló a favor del derecho de decisión de las mujeres.
La votación final sumó ocho votos a favor de la ratificación de la Ley y tres en contra. Entre los argumentos que apoyaron la reafirmación de la ILE, se señaló que no existe en la Constitución, ni en los tratados internacionales suscritos por México, el llamado ''derecho a la vida desde el momento de la concepción'', como tampoco la obligación en la Carta Manga de sancionar penalmente el aborto. Además, se definió que es efectivamente una atribución de los congresos locales despenalizar o no los tipos de delitos.
Entre los argumentos más contundentes de l@s que votaron por la reafirmación de la ILE estuvo el de Olga Sánchez Cordero, quien señaló: ''la ley civil debe ser compatible con el Estado social, al margen de mis creencias religiosas, como integrante del más alto tribunal del país, en una República representativa, democrática y federal, cuyos principios democráticos reposan sobre la premisa de un Estado laico, no tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos''.
Su colega Juan Silva Meza, por su parte, aseveró que el Estado mexicano ''ha sido incapaz de mitigar las situaciones de desigualdad imperantes en nuestra sociedad, reflejadas en la pobreza, marginación e ignorancia en la que todavía se encuentran inmersas un gran número de mujeres''. El ministro señaló también que el Estado no cumplió con la obligación de educar en materia sexual y reproductiva, como lo marca el artículo cuarto constitucional, y que no ha garantizado el acceso pleno a los métodos anticonceptivos.
A horas de conocerse la noticia, el Instituto de Mujeres del DF festejó la decisión de la Corte, y afirmó por medio de un comunicado que ''penalizar la interrupción voluntaria del embarazo perpetúa la desigualdad de derechos entre mujeres y hombres''. Además, la organización señaló que ''el llamado derecho a la vida del producto de la concepción no se encuentra por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su maternidad y su privacidad''. Bajo el lema ''¡Ni un paso a atrás en nuestros derechos conquistados!'', el Instituto reconoció el trabajo realizado por la Suprema Corte y ''por hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las mujeres y la laicicidad del Estado mexicano''.
La medida también contó con el reconocimiento del director para América de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien aseveró que la histórica decisión ''asegura que México está vigilando las leyes fundamentales en derechos humanos''.
En la otra vereda, la iglesia católica no tardó en atacar el fallo y manifestó que podría excomulgar a las mujeres que se practicaran un aborto y a tod@s l@s que las ayudaran a hacerlo. Además, el semanario de la Archidiócesis de México, Desde la Fe, calificó de ''aberración jurídica'' a los argumentos que permitieron admitir la despenalización en el Distrito Federal.
La norma y su aplicación
A pesar de que la norma que despenaliza la interrupción de los embarazos rige desde abril de 2007, el 85 por ciento de los ginecólogos que trabajan en hospitales públicos han declarado objeción de conciencia. Esta negativa a practicar abortos se suma a las denuncias hechas por mujeres que han solicitado atención a sus derechos, y que a cambio han recibido tratos hostiles y fuertes barreras burocráticas.
Sin embargo, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, desde abril de 2007 se han efectuado cerca de trece mil intervenciones. También se ha entrenado a médic@s para el uso de la píldora del día después, al ser un método más rápido y eficiente ante situaciones de posibles embarazos no deseados.
Actualmente son 13 l@s doctor@s mexican@s que aceptan practicar intervenciones para interrumpir embarazos. Una de ell@s, Laura García, realiza entre siete y ocho operaciones diarias y por ello ha recibido insultos de colegas y detenciones en la calle por parte de quienes se oponen a la aplicación de la Ley. En declaraciones hechas al diario New York Times, García aseguró: ''Contribuyo al rescate de los derechos de las mujeres. En México, las mujeres siempre han estado marginadas'', y agregó: ''Soy católica, pero tengo convicciones. No pienso que iré al infierno por esto. Y si voy, será por otras cosas''. |
