Alcicia Ruiz y Sofía Villalba

Salud para las migrantes
Por Alejandra Waingandt | 11.6.2009

En Argentina las migrantes, que son cada vez más, reciben un trato diferencial en hospitales y centros de salud porque se desconoce la ley que les garantiza el acceso irrestricto al sistema de salud. Un programa para que la salud sexual y reproductiva esté también a su alcance.

Alicia Ruiz migró a la Argentina desde Bolivia cuando tenía 22 años. Ahora tiene 47 y se casó con un argentino con quien tuvo dos hijos. Trabajó unos 17 años en el Hospital Israelita donde sufrió discriminación por su color de piel y nacionalidad, pero antes tuvo otras experiencias difíciles y representativas de las migraciones limítrofes. “Es mejor que en Bolivia, donde no hay insumos y podes morir fácilmente. Pero en Argentina hay discriminación. El color de piel es un problema, la gente nos trata como cabecitas negras y nos hacen saber que no servimos para anda. Nos llaman estúpidos. En el Israelita tenía una compañera argentina muy rubia que era mucama y que decía ‘¿vos estudiaste? ¿Vos tenés neuronas? ¿Vos sabés pensar?’ Le molestaba mi color de piel”. Ella pudo ver como otras y otros migrantes eran víctimas de malos tratos por el personal no profesional del hospital. “El problema es la gente más ignorante, los médicos están más preparados, no hacen eso”, explicó. Las diferencias culturales y las “miserias burocráticas” derivadas de la portación de rostro limitan este acceso en perjuicio de los y las migrantes limítrofes. Debido a esa situación, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), a través de sus representaciones de Argentina y Bolivia, impulsa un proyecto sobre salud sexual y reproductiva dirigido a migrantes provenientes del país andino. Esta iniciativa que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, busca mejorar el acceso de mujeres y jóvenes bolivianas a los servicios de salud sexual y reproductiva.  

En una comunidad migrante cada vez feminizada, la de Alicia Ruiz es apenas una historia más entre las tantas que sufren las mujeres que vienen a este país buscando un destino mejor. En Bolivia ella era la novena de 13 hermanos. Abandonó la escuela durante la adolescencia para conseguir un empleo y colaborar con la economía familiar, pero no logró trabajar porque el país estaba en crisis. “Pasábamos una miseria tremenda, recuerdo que recibíamos un bollo de pan por hijo, esa situación me desesperó. Los comerciantes de Oruro decían que en Argentina se podía trabajar y estudiar”. Como la joven boliviana deseaba estudiar Derecho resolvió migrar a la Argentina, aunque en Buenos Aires no pudo ingresar al sistema educativo porque no tenía DNI. No obstante entró a trabajar en el servicio doméstico, donde los papeles no eran necesarios. “Era una migrante más, así que abandoné mi idea de estudiar y trabajé en limpieza, pero después me casé con un argentino y conseguí la documentación”. En ese momento, Alicia Ruiz finalizó su educación básica, cursó la carrera de enfermería y obtuvo el cargo de enfermera auxiliar en el Hospital Israelita, puesto que perdió en 2001 porque el nosocomio se declaró en quiebra. No consiguió que la indemnizaran y aunque lleva unos 7 años desempleada, ocupa parte del tiempo libre enseñando quechua a su colectividad. 

Una investigación del Centro de Estudios de Población (CENEP) de 2004, dirigida por la socióloga Marcela Cerrutti, sobre la calidad de la atención en hospitales y centros de salud, evidenció justamente que mujeres y varones migrantes reciben un trato diferencial de parte del personal administrativo. “Las evaluaciones de las usuarias sobre el staff no médico dejan mucho que desear”, afirmó la investigadora. El consultor de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Jorge Gurrieri agregó que “en estos casos el problema aparece más por la tez que por la nacionalidad”.

En cuanto a los profesionales de la salud y la relación con las pacientes extranjeras, ambos expertos coincidieron en que se originan problemas en las diferencias culturales. “El idioma es un obstáculo, especialmente entre las bolivianas, hay muchas que sólo hablan quechua”, ejemplificó el Gurrieri. Cerrutti señaló: “Las bolivianas tienen más dificultades que otras migrantes limítrofes, ellas son más tímidas, más pudorosas y también más sumisas y los médicos no están preparados para tratar pacientes extranjeros”.

Según Cerrutti la mayoría de las veces la práctica discriminatoria se origina en la incomunicación. “Los trabajadores de la salud desconocen la legislación migratoria debido a que fallan los canales de comunicación entre las oficinas gubernamentales”, opinó. Al sancionarse la Ley de Migraciones (Nº 25.871) en 2004, las comunidades inmigrantes de países del MERCOSUR y sus allegados obtuvieron un “acceso irrestricto” a la salud pública de Argentina, que fue pionera en efectivizar el Acuerdo de Residencia firmado por países miembros de dicho grupo en 2002. Tienen la misión de garantizar ese acceso la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo, entre otras reparticiones públicas.

Cerrutti forma parte del proyecto de UNFPA en representación de CENEP. La experta explicó que “la idea es identificar buenas prácticas en algunos servicios de salud y hacerlas extensivas a todo el sistema. El objetivo es obtener prestaciones más sensibles a las particularidades culturales y sociales de las colectividades migrantes”. Se pesquisará dos áreas diferentes: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y la zona de fronteras de Jujuy y Salta, ya que en estas regiones se concentra la mayoría la población boliviana ( 59,8% y 22,3% respectivamente).

Gurrieri explicó que en estas dos regiones las problemáticas con la migración son diferentes. En la zona metropolitana la presencia del Estado es mayor y funcionan legislaciones como el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En cambio “en las zonas fronterizas la sensibilidad de las personas nativas puede ser mayor. Por ejemplo los hospitales de Posadas (Misiones) y Orán (Salta) atienden a mujeres provenientes de Bolivia y Paraguay, que atraviesan las fronteras para dar a luz, de hecho constituyen el 50 por ciento de los partos”.

Por todo esto, el proyecto impulsado por UNPFA promoverá la Ley de Migraciones para que los y las agentes de la salud tomen conciencia de que las migrantes y las nativas pueden acceder a todas las prestaciones en iguales condiciones, y también sensibilizará a los y las profesionales de la salud para mejorar la comunicación con las usuarias extranjeras.  

Sofía Villalba, paraguaya, asegura que hay hospitales y centros de salud en los que el personal médico “no se apura en atendernos. Creen que se nos va a pasar (la dolencia). Le ocurrió a mi hermana fallecida hace tres años. Tenía una fisura en el pie, estaba muy dolorida, fuimos al Hospital Penna, en la guardia la atendió una ginecólogo y un traumatólogo, le aplicaron un medicamento y la mandaron a casa. Cuando volvimos a casa mi hermana estaba inconsciente, no podía ni hablar. En el Penna dicen que le aplicaron un calmante, pero no sé como la largaron así. Como seguía muy mal fuimos al Hospital Fernández y la atendieron enseguida. Se preguntaban cómo la habían largado, me avisaron que estaba muy mal y falleció”.

Sofía Villalba tiene 35 años y migró a Argentina a los 16 porque necesitaba operarse, tenía una enfermedad en los huesos de los pies. “En Paraguay la operación era muy cara. En Argentina tenía a mi papá y dos de mis hermanos y decían que los doctores eran mejores, así que decidí venirme”, recordó.

La joven paraguaya se operó en el Hospital Fernández y tras su recuperación empezó a trabajar en el servicio doméstico. “En Paraguay dejé la escuela porque a mi mamá no podía tener tres estudiantes. Allá quedaron mi mamá y dos hermanos más. Ella trabajaba en el mercado central y la ayudaba desde los 7 años. A los 13 puede juntar dinero y estudié peluquería y manicura pero nunca trabajé de eso”.

En Argentina, Villalba se convirtió en empleada doméstica porque no se requería documentación. Inició los trámites para el DNI en 1991 debido a una amnistía otorgado por el gobierno nacional, el cual recibió cuatro años más tarde. Entonces decidió quedarse en el país, donde formó pareja con un paraguayo, con quien tiene una nena de 6 y un nene de 4. Hoy trabaja para la misma patrona y asiste a una escuela para adultos.

La discusión sobre los derechos que tienen los y las migrantes respecto del acceso a la salud no está saldada. “Si bien hay una ley que intenta poner fin a esa polémica, la misma sigue vigente en las mentes de las personas”, advirtió Gurrieri.