Ley Antitrata: La difícil tarea de tipificar y federalizar un delito
Por Alejandra Waigandt | 4.7.2007

El Congreso argentino prevé sancionar este mes la ley que federaliza el crimen de trata y tráfico de personas. El trámite parlamentario fue reavivado tras difundirse el Informe mundial sobre Trata de Personas de Estados Unidos. En Diputados, el oficialismo evalúa respaldar el proyecto con media sanción del Senado, que para muchos y muchas es deficiente. Al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional decretaría la creación de un programa nacional para asistir a las víctimas y prevenir el delito.

En Argentina, la ausencia de una ley que federalice y tipifique el delito de trata de varones, mujeres, niños y niñas obstaculiza el seguimiento de individuos o redes vinculadas al crimen y también impide reprimirlo. El Congreso nacional tenía previsto sancionarla a más tardar en abril de este año, pero la Cámara de Diputados decidió mejorar el proyecto con media sanción del Senado y diferencias de criterio terminaron postergando su sanción definitiva.

A principios de junio ese panorama cambió. Influyó el informe mundial sobre la situación de trata de personas en 164 naciones, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, pues allí se asegura que el gobierno argentino no mostró evidencias suficientes respecto de incrementar esfuerzos para combatirla, particularmente en términos de proveer mayor asistencia a las víctimas y poner freno a la complicidad oficial con dicho crimen. Finalmente se insta a aprobar una ley contra la trata (ver nota aparte).

Días después el Ejecutivo nacional ordenó al bloque de diputados y diputadas oficialistas avanzar en ese tema, según informaron allegados al parlamento argentino, que comentaron que la normativa puede llegar a salir en la sesión ordinaria convocada para el 10 de julio.

Con todo, el alcance de la ley contra la trata sigue en discusión. En diciembre del año pasado, el Senado tipificó de delito, lo federalizó y envió la norma a Diputados para su sanción definitiva. En este segundo cuerpo, la mayoría acompañó una moción de ampliar sus alcances en base a una iniciativa de la diputada del Frente para la Victoria, Stella Maris Córdoba, que contaba con la venia del kirchnerismo. Además de tipificar el crimen, este proyecto propone prevenirlo y también penas más severas para sancionarlo. Asimismo, elimina el tema del consentimiento de las víctimas mayores de 18 años respecto de la situación de explotación sexual o laboral y promueve mecanismos para asistirlas.

Cuando las iniciativas se giraron a la Comisión de Legislación Laboral para su conciliación, empezó a cobrar fuerza la propuesta de avanzar directamente con el proyecto aprobado en Senadores, donde el tratamiento de la misma contó con aportes de diferentes sectores, que no quedó reflejado en el texto final. Ahora esta posición también es favorecida por un sector del Ejecutivo nacional que quiere terminar con los cuestionamientos internacionales.

En cambio, para muchos y muchas la norma con media sanción es deficiente. Entre los numerosos cuestionamientos, pesó el planteo de que ese proyecto no contempla mecanismos para proteger y asistir a las víctimas ni para prevenir el delito. Al principio, los y las legisladoras que impulsaron la iniciativa que sí los considera creándolos a través de un programa nacional, no cedieron.

Entonces llegó la presión de Estados Unidos: el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que representa al Ejecutivo en las negociaciones que se llevan adelante en el Congreso nacional en el tema de la trata de personas, propuso sacar ese programa nacional por vía del decreto. Esto fue confirmado a Artemisa Noticias por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la abogada Rosario Romero. 

El sector integrado por Stella Maris Córdoba y otros diez diputados y diputadas del Frente para la Victoria y partidos provinciales, todos firmantes del proyecto mejorado –también fue rubricado por miembros de Propuesta Republicana (PRO)–, estarían de acuerdo. Inclusive algunos y algunas respaldarían la iniciativa de la Cámara alta tras conocer la publicación del decreto.

Mientras Emilio García Méndez, miembro de la Comisión en representación de Alternativa para una República de Iguales (ARI), expresó que desconoce la propuesta de crear el programa mediante decreto y la calificó de “absurda”. Agregó que “los borradores que circularon sobre dicho plan, en especial en relación a infancia son un mamarracho”.

Por su parte, la