Entre Rios, el derecho al aborto negado
| 5.9.2007

La madre de una joven discapacitada solicitó a la justicia entrerriana asistencia para interrumpir el embarazo, producto de una violación. La justicia se lo negó y alojó a su hija en una institución dependiente del Consejo Provincial del Menor. El caso muestra la cara más cruel de la justicia y la asistencia negada a las personas más vulnerables.

Por Sandra Miguez
El Informe sobre Muerte y Negociación: Aborto Inseguro y Pobreza de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) presentado días atrás en Buenos Aires demostró que en Argentina cada año unas 100 mujeres mueren por complicaciones de abortos clandestinos y la mayoría no cuenta con recursos para hacerlo en condiciones más seguras.

Como ejemplo basta con señalar que la justicia entrerriana acaba de frenar el pedido de interrupción del embarazo de una joven discapacitada de Entre Rios, víctima de una violación. Su madre está solicitando la medida, pero el lunes pasado la justicia impidió la operación en el hospital Materno Infantil de San Roque.

La madre de una menor discapacitada profunda solicitó a la justicia la autorización para practicar la interrupción del embarazo de esta joven, producto de una violación. La Fiscalía Nº2 a cargo de Cecilia Bértora informó que en estos casos según el inciso 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal 'no se requiere la autorización de la justicia'. La madre de la menor efectuó la denuncia sobre la violación de su hija, que sufre de un trastorno neurológico profundo, y vive en condiciones de máxima precariedad en un núcleo familiar con 10 hermanos en el barrio Humito, de esta ciudad.

La joven habría sido violada, hace cuatro meses por una persona cercana a la familia, por lo cual presentó la denuncia ante el Juzgado Nº 5 a cargo de Ricardo Bonazzola. En ese ámbito es donde la progenitora habría manifestado su intención de interrumpir el embarazo debido a la incapacidad de la joven, las violentas condiciones en las que concibió y su paupérrima situación económica.

Sin embargo un revés judicial frenó el pedido de la madre de la joven de 19 años con una discapacidad neurológica profunda. La jueza Claudia Salomón hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la defensora María Marcela Piterson con el objetivo de preservar “los derechos de la persona por nacer” y ordenó al Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, que se abstenga de realizar las prácticas, que habían sido programadas para este lunes.

Fuentes judiciales denunciaron que el lunes a primera hora se convocó al profesional que iba a realizar la intervención médica para informarle que se iba a disponer una medida cautelar para frenar el aborto cuando aún la medida no estaba dispuesta.

Del mismo modo la Jueza Salomón dispuso la intervención del Consejo del Menor, para que se encargue de brindar la atención a la menor alojada en una residencia para menores.

Gestiones

Luego de la denuncia se habían efectuado las gestiones correspondientes para que en el Hospital San Roque se realizaran los estudios y con posterioridad se practicara la intervención para interrumpir el embarazo.

Por ser menor, discapacitada y además víctima de una violación, la jurisprudencia ha sentado bases en las cuales se establece que en estos casos no es necesaria una autorización judicial previa; así se indica en el inciso 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal que establece que 'esta medida no requiere de autorización judicial, quedando la responsabilidad de decidir si se dan los supuestos fácticos descriptos por la norma, a criterio de los profesionales'.

Estos fueron los argumentos presentados en otros casos de resonancia pública como el de una joven de Mendoza a fines del 2006.

Sin embargo la medida cautelar presentada por la defensora evitó que se continuara con el pedido de la madre de interrumpir el embarazo.

La mujer ha denunciado que en medio de todas las presiones recibidas, se le hizo firmar documentación que permitió que la joven fuera trasladada a una residencia del Consejo del Menor, donde permanece alojada desde entonces.

“Con esto se pierde tiempo valioso que permitía preservar la vida de la menor discapacitada” aseguraron fuentes judiciales que ven con preocupación la falta de respuesta