El derecho al aborto en la encrucijada judicial
| 26.9.2007

El 28 de septiembre es el día de la lucha por el derecho al aborto, ese derecho vulnerado una y otra vez y dramáticamente simbolizado en los últimos días con el caso Gauna. Según los últimas datos del Programa de Investigación Sanitaria del ministerio de Salud, en el país hay casi un aborto por cada nacimiento y a lo largo de la vida cada mujer tiene un promedio de dos abortos inducidos. Sin embargo, los datos no bastan: forman parte de una telaraña donde conviven derechos supuestamente legales con altísimas tasas de resistencia.

Por Silvia Marchant - Porque no se cumple con un derecho establecido por la ley, Ana María de 20 años murió de cáncer en mayo de este año en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. Las autoridades le negaron el tratamiento y el aborto terapéutico ya admitido por el Código Penal argentino. Si no es necesaria una decisión judicial en los casos del aborto legal ¿por qué la joven de 19 años de Paraná tuvo que recorrer pasillos de tribunales para que le otorguen un derecho que ya está otorgado por ley? Por eso, desde múltiples sectores solicitan el cumplimiento efectivo del artículo 86 del Código Penal de la Nación que contempla los casos en que la práctica del aborto no es punible: a) cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer y b) cuando el embarazo sea producto de una violación sobre una mujer “idiota o demente”.

Es que a pesar de que existe el derecho raras veces las mujeres, cuya situación se encuadra en lo establecido por esa legislación, pueden acceder a un aborto legal y seguro. La razón es porque con frecuencia los profesionales de la salud exigen una autorización judicial, debido al temor a ser procesados por el delito de aborto o por mala praxis o por una objeción de conciencia. Y algunos jueces aducen no encontrarse facultados a autorizar la práctica puesto que consideran que el Código no es claro al respecto.

Mientras tanto, las víctimas deben padecer duras batallas legales. En estos momentos la joven de Paraná violada, cuya edad mental es la de una nena de 5 años y hasta este fin de semana llevaba 18 semanas y media de gestación, cuenta con un fallo de la Corte de la provincia de Entre Ríos que determinó que “no es necesaria autorización alguna” para la concreción de un aborto legal, contemplado en los supuestos establecidos en el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, los médicos del hospital donde tenía que hacerse la intervención se negaron a hacerla por una objeción de conciencia.

En este momento, un proyecto que busca establecer un régimen de procedimiento en los casos de aborto legal se encuentra en debate en el Congreso y que es el resultado de dos iniciativas unificadas, una impulsada por la diputada kirchnerista Juliana Marino y otra por la socialista Silvia Augsburger. El proyecto tuvo la aprobación de la Comisión de Salud y actualmente se encuentra en Legislación Penal, donde diputados del PRO, del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y del partido del ex dictador Antonio Bussi presentaron otras iniciativas, diametralmente opuestas, que pretenden restringir los abortos legales que están en vigencia.

Aún más, la semana pasada el interbloque de PRO solicitó un encuentro entre juristas para responder a inquietudes técnicas referidas al proyecto. Luis Velazco y Analía Pastore, ambos profesores de la Universidad Católica Argentina, apuntaron su presentación a la defensa de la vida del niño por nacer por sobre la mujer y calificaron de “inconstitucional” el artículo 86 del Código Penal por violar tratados internacionales de defensa de los derechos del niño. Por otra parte y en ese mismo ámbito, los juristas Andrés Gil Domínguez y Lucila Larrandart con amplia trayectoria en la materia, respaldaron la iniciativa puesto que “garantiza el derecho al aborto a las mujeres de escasos recursos que mueren por realizarse intervenciones clandestinas”.

“El hecho tuvo repercusiones positivas y fue muy importante”, explicó la diputada Marino a Artemisa Noticias. “Las explicaciones de los juristas fueron impecables. Y si se logra salir de la Comisión de Legislación Penal y llegar al recinto sentamos un precedente. Y si logramos llegar al Senado tendremos la posibilidad de que muchos legisladores escuchen las fundamentaciones del proyecto como sucedió en el debate entre los juristas, donde las explicaciones fueron tan claras que no hubo objeciones sobre el planteo del proyecto. Confiamos en que la propuesta se trate en noviembre. Si no, perdería estado parlamentar